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Un informe de PPT reveló que en un pueblo de Formosa dos de cada diez habitantes cobran un beneficio de ese tipo. El modus operandi de los punteros políticos.

 

Las "truchadas argentinas" tienen un recorrido federal. Desde el norte del país hasta la Patagonia, la falsificación de pensiones por invalidez se convirtió en el mecanismo de extorsión de los punteros políticos, desnudó la "viveza" de ciudadanos que no deberían cobrarlas y mostró cómo los favores entre amigos del poder sigue operando en provincias gestionadas por los mismos dirigentes hace más de 20 años.

La primera parada de este viaje es en Formosa. Con Gildo Insfrán en la gobernación desde 1995, los índices de estos beneficios fueron creciendo exponencialmente. El periodista Gabriel Hernández le explicó a Periodismo para todos que en 2006 había 5.742 pensiones y en lo que va de 2018 ya se registraron 43.529, según datos oficiales.

La localidad con la mayor cantidad es la de Misión Laishí, a 60 kilómetros de la capital formoseña. En un pueblo de 4600 habitantes, el 18,3% cobra un subsidio por invalidez. Dicho de otra forma, de cada 10 vecinos, dos reciben el beneficio.

Dentro de las irregularidades denunciadas, muchos ya reciben otro beneficio del Estado, tienen un sostén familiar que les impide cobrarlo o su patrimonio es mayor al declarado.


Para Hernández, las familias que reciben estas pensiones se convierten en rehenes de los punteros políticos de turno, ya que como esos dirigentes las consiguieron de manera ilegal, después les exigen algo a cambio.

En este pueblo, la relación entre el entorno de los que reciben el subsidio y la dirigencia local también llama la atención. La concejal Rogelia Galarza no solo recibe su sueldo como funcionaria pública, sino que también logró que su marido perciba este beneficio. Una de las hijas del matrimonio argumentó que el hombre sufrió un accidente mientras trabajaba y que se le había roto el pie.

Este caso no es un hecho aislado. La esposa del presidente del Concejo Deliberante, Alejo Pino, es otra de las personas que sin cumplir con los requisitos cobra la pensión. Al llegar las cámaras de PPT a la casa de la pareja, ninguno de los dos quiso hablar.

Para que la bicicleta de la truchada funcione, los médicos de la zona son un engranaje esencial. "Muchos doctores se prestan a hacer un certificado como favor político porque están sometidos a los pedidos de los dirigentes. Y terminan poniendo que hay una incapacidad que no existe", subrayó Hernández.

En Chaco, el escenario se repite. Miraflores es una localidad de siete mil habitantes. Allí, vive Abel Villalba, un jubilado que figura como empleador de 28 personas, de las cuales 20 cobran pensiones por invalidez.

Pero toda esa historia se basa en documentación trucha. El hombre lejos estuvo de tener una empresa en medio del monte. Según contó en PPT, un gestor de la zona le propuso hacer un trámite para que él y su familia pudieran tener un sueldo por trabajar la tierra.

Lo que Villalba nunca supo, hasta ahora, es que a su grupo familiar le agregaron dos decenas de personas más y a él lo registraron como jefe. El supuesto salario era una gran cantidad de subsidios disfrazados. Todo por una finalidad política: cuando hay elecciones, los pasan a buscar y les dan boletas. Y la truchada sigue adelante


Otro antecedente en la provincia por pensiones apócrifas sucedió en 2013, cuando un médico bioquímico denunció que se habían falsificado sellos y análisis de sangre en al menos 14 casos de certificados de incapacidad por el mal de Chagas.

A dos mil kilómetros de Chaco, en la provincia de Chubut, PPT descubrió un caso muy particular en Villa Rada Tilly. Anahí cobra un subsidio por invalidez, cuando está casada con un hombre que tiene trabajo en una empresa petrolera con un sueldo mensual de 260 mil pesos.

Consultada por el programa de Jorge Lanata, la mujer dio explicaciones contradictorias. Primero dijo que la iba a dar de baja porque se había mudado desde Salta y ya no le correspondía, sin embargo, vive en el Sur hace dos años y nunca inició ese trámite.

Después aseguró que ya no la cobraba porque no la necesitaba económicamente. Aunque otra vez la realidad no coincide con su relato: la pensión la retira todos los meses en la sucursal del Banco Nación de Comodoro Rivadavia y hasta pidió un plus por vivir en una zona austral. Anahí no cumple con ninguno de los requisitos para percibir de este beneficio: no tiene invalidez total y permanente y tampoco sufre de pobreza extrema.

Fuente: TN

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