El "Caso Madaf" es una investigación judicial llevada a cabo en España sobre una presunta trama de corrupción que involucra a empresas y funcionarios públicos en la Comunidad de Madrid.

El nombre "Madaf" es un acrónimo que hace referencia a la empresa pública Madrid Espacios y Congresos, y que se utiliza para referirse a la presunta trama de corrupción que operaba en la empresa y en otras empresas relacionadas con ella.

La investigación comenzó en 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos por parte de Madrid Espacios y Congresos. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas operaciones policiales y se han imputado a decenas de personas, incluyendo funcionarios públicos y empresarios, por delitos como prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales.

El caso ha generado una gran controversia en España debido a la naturaleza de los delitos investigados y a la magnitud de la presunta trama de corrupción descubierta. También ha llevado a una mayor atención pública sobre los problemas de corrupción y la necesidad de reformar las instituciones y los procedimientos para prevenir la corrupción en España.

El "Caso Madaf" es uno de los casos de corrupción más grandes en España y ha sido objeto de mucha atención en los medios de comunicación del país. A continuación, se detallan algunos de los aspectos más relevantes del caso:

Madrid Espacios y Congresos (Madef) es una empresa pública que se encarga de la gestión de espacios públicos para la celebración de eventos en la Comunidad de Madrid. La empresa está participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

La investigación comenzó en 2014 tras la denuncia de un particular que alertó sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos por parte de Madrid Espacios y Congresos.

La investigación llevó a la detención de varias personas en el año 2016, incluyendo a los responsables de la empresa y varios empresarios relacionados con la trama.

Según la investigación, se habrían producido irregularidades en la adjudicación de contratos públicos por parte de Madrid Espacios y Congresos a empresas relacionadas con los imputados. Además, se habrían pagado sobornos y comisiones ilegales para obtener estos contratos.

En total, se investigan más de 40 contratos públicos, algunos de los cuales se habrían adjudicado a dedo, sin seguir los procedimientos legales establecidos.

El caso ha salpicado a varios políticos de la Comunidad de Madrid, incluyendo al exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, quienes han sido imputados por su supuesta implicación en la trama.

El proceso judicial continúa en la actualidad, y se espera que se celebre el juicio en los próximos meses. Si se demuestran las acusaciones, los imputados podrían enfrentarse a penas de cárcel y multas económicas, además de la pérdida de sus cargos públicos.